Cientos de indígenas guatemaltecos encabezados por autoridades ancestrales, como los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá, se movilizaron mediante protestas y bloqueos de carreteras hacia el Congreso de la República para exigir soluciones de fondo ante el incremento de casi el 50% en los precios de los carburantes registrado en el último semestre. Los líderes comunitarios denunciaron que esta alza ha disparado el costo del transporte y de la canasta básica de alimentos, impactando con severidad a las familias más vulnerables.
Las organizaciones indígenas marcaron distancia respecto a los sectores de transportistas y rechazaron la propuesta de subsidios planteada por el Ejecutivo al considerarla una medida cosmética que beneficia a grandes importadores. En su lugar, demandaron la suspensión temporal del impuesto a los combustibles para lograr una reducción directa al consumidor final.
En respuesta a la crisis, el presidente Bernardo Arévalo de León envió una iniciativa de urgencia nacional al Poder Legislativo para fijar un precio tope temporal de 39 quetzales (5.11 dólares) por galón de diésel, donde el Estado absorbería el diferencial presupuestario para estabilizar la cadena de distribución de alimentos. No obstante, la propuesta enfrenta un escenario complejo por la falta de mayoría oficialista en el Congreso, mientras que los colectivos sociales advirtieron que incrementarán las medidas de presión en el país si no atienden sus demandas fiscales.
