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Bogotá, Colombia. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, fijó el posicionamiento de su administración frente a las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos respecto al proceso de transición electoral en Sudamérica. El pronunciamiento del mandatario colombiano cataloga las expresiones de la Casa Blanca como un factor de injerencia externa en los asuntos internos del país, enmarcándose en el diferendo diplomático que mantiene bajo observación a las misiones consulares de la región.
Rechazo a la intervención externa y llamado a las urnas De acuerdo con las declaraciones oficiales difundidas por el presidente Gustavo Petro en su plataforma institucional verificada de la red social X este martes 2 de junio del año 2026, la postura del gobierno de Bogotá responde de forma directa al mensaje en el que Donald Trump otorgó su respaldo «completo y total» al abogado opositor Abelardo de la Espriella. El mandatario colombiano advirtió sobre las implicaciones de que bloques políticos internacionales pretendan direccionar las tendencias de participación en el balotaje.
Respecto al impacto de la intromisión en el sistema democrático de las naciones soberanas, el presidente Petro expresó:
«Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie».
Referencias a la soberanía e historia regional El jefe de Estado colombiano vinculó la actual coyuntura electoral con los antecedentes históricos del movimiento de emancipación sudamericano, invocando los principios de autodeterminación establecidos desde la fundación de la República.
Petro Urrego concluyó su posicionamiento señalando textualmente de forma exacta: «Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia», manteniendo la pauta de confrontación ideológica de cara a la segunda vuelta programada para el próximo domingo 21 de junio de 2026. El debate ocurre de manera paralela al desahogo de las auditorías técnicas promovidas por el Pacto Histórico ante los magistrados de los tribunales de la República, quienes evalúan el software de preconteo tras las denuncias de inconsistencias en el padrón electoral.
