El gobierno del presidente Donald Trump ordenó restringir el acceso de los inmigrantes indocumentados al sistema bancario de Estados Unidos, instruyendo a las agencias reguladoras a vigilar el estatus migratorio de los clientes para frenar la apertura de cuentas y el otorgamiento de créditos.
La Casa Blanca justifica la medida alegando que los bancos asumen un alto riesgo financiero al prestar dinero a personas elegibles para los planes vigentes de deportación masiva.
Pese a la intención inicial, la presión del sector financiero suavizó el decreto; las entidades advirtieron sobre los altos costos operativos, por lo que la norma ahora insta a auditar los perfiles de riesgo —como el uso de números ITIN o Número de Identificación Personal del Contribuyente — sin imponer una obligación forzosa inmediata.
El endurecimiento también alcanza a las remesas y plataformas digitales. Las nuevas directrices buscan limitar el uso de identificaciones extranjeras en ventanillas y aumentar el control en transferencias de montos bajos, lo que encarecerá el envío de dinero.
El alcance final se definirá en las próximas semanas cuando el Departamento del Tesoro publique los lineamientos técnicos, aunque analistas adelantan que la burocracia documental empujará a miles de personas a la exclusión financiera de facto.
