El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, con el objetivo de modificar la política restrictiva que impedía el acceso legal mientras las estructuras criminales operaban al margen de la ley.
El mandatario enfatizó que la medida no representa una autorización para el porte indiscriminado, ya que continuarán vigentes los controles, requisitos y evaluaciones de las autoridades competentes.
Para respaldar la decisión, el Ejecutivo divulgó cifras oficiales de la Fuerza Pública registradas entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, periodo en el que se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 se relacionan directamente con actividades delictivas.
El informe detalló aseguramientos de armamento atribuido a organizaciones armadas ilegales, precisando 980 decomisos vinculados a disidencias —que incluyen 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros—, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN, material que el mandatario calificó como un poder de fuego que el Estado debe combatir prioritariamente.
