La Fiscalía General de la República (FGR) reportó un nuevo avance en la investigación contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su presunta relación con una red de contrabando de combustible por vía ferroviaria, conocida como huachicol fiscal.
La actualización fue dada a conocer este miércoles por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, quien informó que la Fiscalía obtuvo una orden judicial para catear dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
Durante el operativo, agentes ministeriales y peritos de la FGR, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos, además de otros documentos relacionados con investigaciones de posibles delitos.
De acuerdo con Godoy, el material se encontraba oculto y su análisis permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de una empresa investigada. La Fiscalía sostiene que estos documentos aportan elementos para conocer el modus operandi de la presunta organización y abrir nuevas líneas de investigación.
La información adquiere relevancia para el caso de Ruffo Appel porque la empresa Ingemar, señalada en la investigación, tiene al exgobernador como accionista mayoritario, de acuerdo con reportes sobre el expediente. La FGR vincula a Ernesto “N” y a otras 24 personas con la presunta red; nueve ya fueron detenidas.
La Fiscalía, sin embargo, subrayó que la investigación se desarrolla bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Los documentos asegurados forman parte de las carpetas de investigación y deberán ser valorados dentro del proceso judicial.
Godoy también se refirió a la situación jurídica del exmandatario y señaló que la FGR no ha sido notificada de una solicitud formal para modificar la prisión preventiva oficiosa y que sea cumplida bajo prisión domiciliaria. Añadió que Ruffo recibe atención médica y que sus derechos son respetados durante su internamiento.
El nuevo cateo representa, hasta ahora, una de las principales actualizaciones de la investigación, al incorporar documentación que, según la Fiscalía, podría permitir reconstruir con mayor precisión las operaciones de la presunta red de huachicol fiscal y ampliar el número de líneas bajo investigación.
