La justicia de Siria dictó sentencia de cadena perpetua contra el exgran muftí Ahmad Badreddine Hassoun, en el marco de los procesos judiciales emprendidos contra exfuncionarios vinculados a la administración del depuesto mandatario Bashar Al Assad, derrocado a finales de 2024.
Hassoun, quien ejerció como máxima autoridad religiosa oficial entre 2005 y 2021 —año en que se suprimió la institución—, enfrentó cargos por fomentar la confrontación armada y legitimar actos de violencia.
Durante el juicio, el magistrado Fakhreddine al-Aryan, titular del Cuarto Tribunal Penal de Damasco, sostuvo que el aparato clerical de la etapa anterior convalidó el despliegue de armamento indiscriminado contra áreas residenciales, contraviniendo las disposiciones elementales del derecho internacional humanitario.
A diferencia de otros altos mandos y figuras del régimen derrocado, como el propio Al Assad y su hermano Maher, quienes han recibido condenas a muerte en ausencia, Hassoun compareció de manera presencial y bajo custodia en la sala de audiencias.
Mientras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han manifestado inquietud ante la celeridad de los procesos judiciales y las posibles garantías procesales, amplios sectores de la ciudadanía siria han respaldado las resoluciones judiciales, canalizando las demandas de justicia tras un conflicto civil de casi catorce años que dejó centenares de miles de víctimas mortales y millones de desplazados antes del colapso del gobierno en diciembre de 2024.
