El Gobierno de España anunció un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de vivienda, dentro de las cuales destaca la paralización total de los desalojos hasta el año 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler vigentes.
La iniciativa, bautizada como el «decreto Maricarmen» en referencia a la anciana de 87 años desahuciada recientemente en Madrid, contempla además la prohibición explícita para que los llamados «fondos buitre» adquieran inmuebles residenciales en territorio nacional.
Las autoridades buscan frenar la escalada en los costos de renta regulando los alquileres de temporada y por habitaciones, los cuales han reducido la oferta disponible y disparado los precios en las principales ciudades del país.
«El proyecto busca frenar la especulación de las plataformas de alquiler turístico y los fondos de inversión para garantizar el derecho a la vivienda», precisaron fuentes del Ejecutivo en España.
El paquete legislativo será sometido a votación en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, donde el gobierno del presidente Pedro Sánchez deberá negociar los apoyos necesarios al no contar con mayoría parlamentaria.
