Un arancel del 25% decretado por Estados Unidos contra una parte de las importaciones brasileñas entró en vigor este miércoles, mientras el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva analiza las medidas de respuesta ante esta nueva ofensiva comercial impulsada por la administración de Donald Trump.
El gravamen es el resultado formal de una investigación realizada por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Dicha pesquisa concluyó que determinadas políticas comerciales implementadas por Brasil resultan «desleales» y perjudican de forma directa los intereses de las empresas estadounidenses en el mercado internacional.
Washington ha argumentado que las normativas brasileñas afectan a sectores clave, señalando puntos de fricción como el sistema de pagos instantáneos Pix, regulaciones sobre tecnología y disputas en materia ambiental. Por su parte, la Casa Blanca culpó a la administración brasileña de no haber negociado de buena fe durante los encuentros previos.
En respuesta, el Ejecutivo brasileño calificó la medida como un hito lamentable e injustificado que vulnera las reglas del comercio multilateral. El Palacio del Planalto adelantó que recurrirá a los mecanismos de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y evaluará la aplicación de su ley de reciprocidad para responder al escenario planteado.
