El debate en torno a la abolición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano llegó a la tribuna del Senado de la República, donde se presentó una propuesta de reforma legislativa para restituir de manera obligatoria la movilidad entre categorías. La iniciativa fue promovida por el senador Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, y contó con el respaldo de representantes de distintas fuerzas políticas, entre ellos Ignacio Mier, del partido Morena. El proyecto plantea modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte para obligar a las asociaciones deportivas nacionales a garantizar el mérito deportivo como un principio legal indiscutible dentro de las competencias profesionales.
Durante el conversatorio titulado «Fuera de lugar», realizado en la Cámara Alta, los legisladores argumentaron que la cancelación del ascenso restringió las oportunidades de desarrollo para jugadores, clubes y proyectos deportivos en todo el país. Este sistema fue suspendido originalmente en abril de 2020 por los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX bajo el argumento de mitigar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Aunque inicialmente se anunció un congelamiento temporal por seis años, los reglamentos recientes eliminaron de forma definitiva la figura del ascenso, medida acusada de fomentar la mediocridad y desincentivar la inversión privada.
Pese a la relevancia del foro legislativo, las máximas autoridades de la disciplina en el país Mikel Arriola, comisionado del fútbol mexicano, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX declinaron la invitación para participar en las mesas de trabajo. La ausencia de los directivos se produce en medio de un clima de creciente descontento, donde futbolistas de equipos como Atlético Morelia y Leones Negros han encabezado manifestaciones públicas en los estadios de la Liga de Expansión. De forma paralela, diversos clubes de la división de plata mantienen una disputa legal abierta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el restablecimiento de sus derechos de movilidad.
El conflicto ha trascendido el ámbito deportivo y legislativo al incorporarse a la agenda de los órganos reguladores federales, luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) iniciara una investigación por posibles prácticas monopólicas derivadas del cierre de la liga. Si bien algunos propietarios de la Primera División sostienen que se requiere consolidar la estabilidad financiera de la categoría inferior antes de reabrir el circuito, defensores de la reforma afirman que no existe justificación para eliminar por completo la competencia justa. La iniciativa continuará su curso en el pleno del Senado con la intención de citar nuevamente a las autoridades futbolísticas.
