Las autoridades de Egipto detuvieron a una creadora de contenido en la provincia de Daqahliya, ubicada al norte de El Cairo, bajo la acusación de difundir videos en plataformas digitales bailando con prendas consideradas contrarias a la moral y a los valores sociales del país.

La operación fue ejecutada por la Dirección General para la Protección de la Moral Pública, un sector policial especializado que monitoreó las publicaciones de la mujer y aseguró haber encontrado pruebas incriminatorias en su teléfono móvil tras su captura. Durante los interrogatorios policiales, la detenida admitió haber publicado las grabaciones con la intención de incrementar su número de visualizaciones y generar ingresos económicos a través de las redes sociales.

Este arresto forma parte de una política de control y detenciones masivas impulsada por el Ministerio del Interior contra creadores de contenido digital, una campaña que se intensificó desde 2025 y ha resultado en el arresto de decenas de personas en plataformas como TikTok.

Organizaciones civiles e internacionales de derechos humanos, entre ellas la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR), han documentado y criticado duramente estas acciones. De acuerdo con estas organizaciones, el Estado utiliza de forma discrecional el artículo 25 de la Ley de Ciberdelincuencia, el cual sanciona supuestas violaciones a los «valores familiares», para criminalizar la expresión digital y restringir las libertades en internet bajo el argumento de proteger la moral pública.