El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la decisión de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de retirar al país del Estatuto de Roma y rescindir su adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI). Asimismo, la administración de Donald Trump elogió la disposición del nuevo gobierno venezolano de colaborar en la estrategia liderada por Washington para desmantelar al tribunal internacional.
Desde la Casa Blanca se criticó que la CPI mantuvo una “investigación” sobre Nicolás Maduro desde 2018 sin arrojar resultados concretos. En su lugar, el gobierno estadounidense destacó que, tras la intervención de sus fuerzas armadas, Maduro se encuentra bajo custodia en territorio norteamericano para enfrentar directamente la justicia en un tribunal de Estados Unidos.
Cuestionamientos a la legitimidad del tribunal
Washington argumentó que la CPI padece de extralimitación, sesgo político y aplicación selectiva de la ley, acusando al organismo de destinar recursos contra ciudadanos de países que cuentan con sistemas judiciales independientes y que nunca se han sometido voluntariamente a su jurisdicción.
- Falta de jurisdicción e independencia: Según el comunicado, la CPI no posee credibilidad, independencia ni legitimidad para ejercer autoridad sobre naciones soberanas.
- Llamado internacional: El Gobierno estadounidense instó formalmente a todos los países firmantes del Estatuto de Roma a tramitar su retiro inmediato e iniciar el desmantelamiento definitivo del tribunal.
