El gobierno de Donald Trump lanzó una convocatoria federal a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para contratar a una empresa privada estadounidense que rastree y cobre multas migratorias a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente el país y que se encuentran en México, Guatemala y Honduras.
De acuerdo con el documento oficial, la compañía contratada deberá localizar físicamente a los deudores en el extranjero, notificarles los montos pendientes y gestionar el cobro total o mediante planes de pago. Para corroborar la identidad y paradero de la persona, la empresa recopilará pruebas en sus países de origen, como fotografías del domicilio, facturas de servicios o registros laborales. Según datos de CBP, existen 66,387 inmigrantes fuera del país con sanciones civiles pendientes, las cuales forman parte de una bolsa global que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula en 423 millones de dólares por concepto de multas no pagadas, incluyendo sanciones que alcanzan los 998 dólares diarios por no acatar órdenes de expulsión.
