Las detenciones de migrantes ejecutadas por las autoridades de Estados Unidos experimentaron un incremento significativo durante el mes de julio, al superar los 50 mil arrestos y alcanzar el nivel más alto registrado en lo que va del mandato del presidente Donald Trump, según confirmó a la agencia EFE un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este aumento responde directamente a las directrices de la administración republicana, la cual ha intensificado las presiones para elevar las capturas diarias hasta la meta de los 2 mil arrestos. Para lograrlo, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) ha ampliado sus operativos, extendiendo las acciones de control incluso a los aeropuertos del país.
El reporte sobre las detenciones se conoce luego de que en junio el propio gobierno informara una cifra récord previa de aproximadamente 43 mil aprehensiones. La escalada en las operaciones ocurre a pesar de los cuestionamientos formulados por legisladores de oposición y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes reprochan las tácticas empleadas por los agentes federales en las calles.
Las críticas hacia el desempeño de la agencia se acrecentaron tras las muertes de dos personas que perdieron la vida a causa de disparos efectuados por agentes migratorios durante el mes de julio. Los fallecimientos de Lorenzo Salgado, registrado en Texas, y de Joan Sebastián Guerrero, en Maine, marcaron un momento de alta tensión para la seguridad fronteriza e interior.
Ante estos hechos, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la postura del organismo y declaró ante los medios de comunicación que la agencia intensificará la presión operativa en las calles. Asimismo, el funcionario subrayó que su deber es hacer cumplir las leyes del país tanto a nivel interno como frente a los infractores en la vía pública, descartando una selección discrecional de las normas.
No obstante, cifras difundidas por estudios recientes contradicen el argumento oficial de que las acciones se centran en la captura de criminales y perfiles de alta peligrosidad. Una investigación publicada por la Universidad de Colorado en Boulder reveló que únicamente el 34% de las personas detenidas por el ICE desde enero de 2025 cuenta con condenas previas por algún delito.
