La presidenta encargada de la nación caribeña advirtió que las licencias otorgadas por Washington a los hidrocarburos no sustituyen la demanda de un levantamiento total de las 1,081 medidas restrictivas vigentes desde el año 2017.
Caracas. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó el arranque de la segunda etapa de la movilización nacional de carácter civil orientada a demandar la derogación del marco de sanciones económicas, comerciales y financieras impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos. Durante una asamblea con comités de trabajadores en el estado Bolívar (región del sur del país colindante con la frontera de la República Federativa del Brasil), la mandataria dirigió un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, sosteniendo que la administración interina mantendrá la presión institucional hasta erradicar los controles sobre la industria local.
Alcance de la movilización y contexto político: La reactivación de las marchas y concentraciones da continuidad a la primera fase del movimiento de protesta, la cual recorrió las principales capitales venezolanas en el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de abril del presente año. De acuerdo con las bitácoras logísticas del Ministerio del Interior y Justicia, expuestas por el titular de la dependencia, Diosdado Cabello, esta nueva jornada contempla la organización de caminatas en por lo menos 4 poblaciones de cada entidad federal del territorio venezolano, coordinadas a través de la infraestructura del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Rodríguez recordó que, con base en los registros de las comisiones de relaciones exteriores, el Estado venezolano enfrenta un acumulado histórico de 1,081 sanciones extranjeras. La mandataria interina asumió el control del Poder Ejecutivo venezolano tras registrarse la captura del expresidente Nicolás Maduro Moros, un hito que modificó el balance de fuerzas en el Palacio de Miraflores y reconfiguró los canales de interlocución con los departamentos del Gobierno de los Estados Unidos.
El debate sobre las licencias y la intermediación con el FMI: A raíz de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, la administración de la Casa Blanca implementó un esquema de flexibilización parcial de las sanciones económicas aplicadas desde el año 2017, mediante la expedición de licencias específicas para la operación del sector de los hidrocarburos, la minería de metales preciosos y las transacciones de la banca pública. Esta apertura regulatoria propició la firma de nuevos contratos de coinversión con consorcios energéticos internacionales y permitió el restablecimiento formal de los canales de asistencia técnica con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, mitigando el aislamiento financiero de la nación.
A pesar de este alivio comercial, la presidenta Rodríguez enfatizó ante los medios de difusión estatal que el otorgamiento de licencias excepcionales o temporales por parte del Departamento del Tesoro estadounidense no equivale a una solución de fondo ni representa el levantamiento definitivo de los decretos punitivos. La mandataria concluyó que dichas restricciones continúan ejerciendo un control indebido que entorpece las capacidades logísticas y operativas de los sectores productivos, tanto públicos como privados, condicionando el desarrollo de la economía nacional.
