La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua adoptar medidas provisionales urgentes para garantizar la vida, la integridad física y la libertad de una mujer identificada con las iniciales E.J.F.C. y de sus dos hijas (C.M.F. y M.M.F.), cuyo paradero se desconoce desde el año 2025. La orden judicial internacional responde a una causa ligada a presuntos actos de violencia sexual cometidos en 2005 por el actual mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, cuando la víctima era menor de edad.
La resolución del tribunal hemisférico instruye a las autoridades de Managua a salvaguardar los derechos a la familia y la protección de la niñez de los afectados. El expediente se enmarca en un litigio en curso ante la Corte IDH por la presunta persecución sistemática y represalias estatales desatadas contra el hermano de la víctima, Santos Sebastián Flores Castillo, y su núcleo familiar, luego de que hiciera públicas las denuncias de agresión sexual contra Ortega.
A raíz de sus acusaciones, Flores Castillo fue condenado en 2013 a quince años de prisión mediante un proceso judicial que organizaciones y demandantes calificaron de arbitrario y fabricado en venganza por sus denuncias públicas. El denunciante falleció el 8 de noviembre de 2021 mientras permanecía bajo custodia del Estado en el centro penitenciario Jorge Navarro, conocido popularmente como la cárcel de La Modelo.
