La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la detención ilegal, la privación arbitraria de la libertad y la violación a las garantías judiciales cometidas en perjuicio de un ciudadano de nacionalidad estadounidense.
De acuerdo con el fallo del tribunal internacional, la víctima fue arrestada por agentes estatales sin una orden judicial previa ni la notificación de los motivos del arresto, sufriendo además severas restricciones en el acceso a su defensa técnica y a la asistencia consular garantizada por los tratados internacionales. Asimismo, los magistrados determinaron que las condiciones de reclusión no cumplieron con los estándares básicos de trato digno e integridad personal.
En su resolución, la Corte IDH ordenó a las autoridades de Nicaragua implementar medidas de reparación integral, que incluyen el pago de indemnizaciones económicas por concepto de daños materiales e inmateriales, así como la adopción de garantías de no repetición para adecuar los procedimientos de detención al marco del Derecho Internacional.
