Informes periodísticos aún no confirmados señalan que el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría evaluando retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), una medida que genera profunda inquietud por sus eventuales repercusiones en la protección de los derechos humanos y la justicia transicional.
Especialistas como la investigadora Isabel Güiza-Gómez y la exdirectora de la UBPD Luz Marina Monzón advierten que esta desvinculación debilitaría el respaldo institucional a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y abriría la puerta a la impunidad en crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas y los «falsos positivos». Jurídicamente, la salida del Estatuto de Roma requeriría debates en el Congreso, una notificación formal ante la CPI y un periodo de espera de un año para surtir efecto, lo que para defensores de derechos humanos significaría un grave retroceso democrático que alinearía al país con regímenes autoritarios de la región.
