Los representantes legales de Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump la semana pasada, han presentado una queja formal para exigir el cese de las extremas condiciones carcelarias a las que está sometido. Los abogados califican el régimen actual como un «castigo» encubierto que vulnera los derechos fundamentales del detenido bajo el pretexto de seguridad.
Desde su arresto, Allen ha permanecido bajo un protocolo de «precaución contra el suicidio», medida que le prohíbe realizar llamadas telefónicas, recibir visitas de familiares y tener acceso a tiempo de recreo fuera de su celda. Según la defensa, el sospechoso solo puede salir para ducharse o reunirse con su equipo legal, siempre bajo vigilancia estricta. A pesar de que el personal médico recomendó retirar estas precauciones el pasado viernes, las autoridades penitenciarias decidieron mantener el aislamiento.
La defensa argumenta que estas restricciones impiden a Allen revisar las pruebas de su caso y le niegan el uso de tabletas electrónicas para comunicarse con su entorno. «Esta situación equivale a una condena anticipada», señalaron los abogados, quienes buscan que el tribunal suavice las medidas para permitir un ejercicio efectivo del derecho a la defensa y garantizar la estabilidad emocional del acusado durante el proceso judicial.
