Un puente peatonal colapsó este martes sobre la avenida Constitución, a la altura de la Escuela Normal Manuel F. Martínez en Monterrey, Nuevo León, tras ser impactado por maquinaria de la empresa Mota-Engil. Aunque las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y únicamente se reportaron daños en un vehículo en circulación, el incidente vuelve a encender las alarmas sobre los estándares de seguridad y la supervisión gubernamental en los proyectos de infraestructura de la entidad.
A través de un mensaje público, el gobernador Samuel García atribuyó el desplome a un «error operativo» de la compañía constructora encargada de las obras de movilidad, asegurando que la empresa asumirá la responsabilidad total y que el percance no afectará los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro. Sin embargo, el hecho de que una estructura peatonal se desplome sobre una de las arterias viales más transitadas de la zona metropolitana pone en evidencia el riesgo latente al que se expone a la población civil durante la ejecución de estas maniobras.
Este incidente no representa un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante secuencia de accidentes en obras vinculadas al Estado. El pasado 13 de enero, un trabajador perdió la vida en San Nicolás de los Garza tras la caída de tubos de acero en un proyecto estatal; posteriormente, el 3 de mayo, otro operario falleció en Apodaca al deslizarse una viga metálica durante la construcción de la Línea 6 del Metro. Esta reiteración de percances graves cuestiona la efectividad de los protocolos de protección civil y la vigilancia preventiva ejercida por las autoridades nuevoleonesas.
