A través del Pronunciamiento DGDDH/005/2026, los organismos defensores demandaron la aplicación estricta del Protocolo de Estambul tras la difusión de videos que evidencian abusos perpetrados por agentes de la Fiscalía local.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación operativa con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, emitió un emplazamiento formal y urgente dirigido a las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. El dictamen autónomo exige la ejecución de una indagatoria penal exhaustiva, independiente y de debida diligencia para sancionar las conductas delictivas atribuidas a elementos policiales de la entidad.
Activación del Protocolo de Estambul y estándares internacionales El pronunciamiento conjunto, registrado bajo el número de expediente DGDDH/005/2026, fue emitido tras la validación técnica de diversos materiales audiovisuales difundidos en medios de comunicación y redes sociales. En dichas grabaciones, tal como se detalló en coberturas previas de esta mesa informativa, se constató que agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas ejercieron tortura física y asfixia inducida mediante el uso de bolsas plásticas en contra de personas civiles privadas de la libertad.
Ante la gravedad de los indicios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que el Estado mexicano mantiene obligaciones jurídicas internacionales de carácter irrenunciable que prohíben de forma absoluta la tortura y los tratos crueles. En su articulado normativo, el organismo defensor demandó de manera explícita que el personal pericial en materias de medicina y psicología de la entidad federativa adecue de forma estricta sus valoraciones clínicas a las directrices internacionales contempladas en el Protocolo de Estambul. Esta medida tiene como propósito corroborar científicamente el nivel de daño infligido a las víctimas y evitar que las confesiones obtenidas bajo coacción tengan validez legal dentro de los procesos de enjuiciamiento.
Fiscalización de las salvaguardas y debido proceso El documento emitido por la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos enfatizó que la tortura no encuentra justificación jurídica bajo ningún escenario o contexto de seguridad pública. Las instituciones autónomas recordaron que las autoridades encargadas de la procuración de justicia se encuentran constreñidas a garantizar salvaguardas fundamentales desde el primer minuto de la privación de la libertad, tales como el acceso inmediato a servicios médicos independientes, asistencia legal técnica gratuita y la comunicación oportuna con núcleos familiares.
Tanto la Comisión Nacional como el Mecanismo Nacional de Prevención confirmaron que mantendrán un canal de diálogo y supervisión permanente con la Fiscalía Especializada local de Chiapas. El objetivo central fijado por los visitadores federales para el presente ejercicio de 2026 radica en verificar que se fijen líneas de indagación claras, tiempos de integración estrictos y que se concrete la suspensión del cargo y sanción penal de todos los servidores públicos involucrados —incluyendo al subdirector, agentes del Ministerio Público y los cinco policías ministeriales identificados— para erradicar las prácticas que vulneren la dignidad humana en el país.
