La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento en favor de regular el derecho a una muerte digna bajo estrictos estándares de seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales. El organismo subrayó que las condiciones de salud, la edad o la discapacidad no disminuyen las garantías de las personas ni su derecho a recibir un trato respetuoso hasta el final de la existencia.
El debate en torno a la eutanasia y la asistencia médica rebasa la simple confrontación entre la protección de la vida y la autonomía personal, al vincularse con el acceso a la salud, el alivio del dolor y el consentimiento informado. La institución advirtió que el análisis de estas prácticas requiere un enfoque integral que contemple la voluntad anticipada y los límites precisos de la intervención médica en pacientes graves.
A pesar de los avances nacionales registrados en materia de voluntades anticipadas y cuidados paliativos para pacientes terminales, la institución señaló la necesidad de profundizar en el marco legal vigente. El organismo enfatizó que el objetivo principal consiste en obligar al Estado a generar las condiciones idóneas para que las personas con padecimientos irreversibles ejerzan su autonomía.
La CNDH aclaró que el planteamiento institucional no busca establecer un derecho al suicidio, sino garantizar que la vida digna y la muerte digna formen parte de las prerrogativas exigibles. Con ello, la estrategia busca equilibrar la salvaguarda de la vida con el derecho fundamental a evitar el sufrimiento innecesario en las etapas avanzadas de enfermedades progresivas.
