La coordinadora de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, presentó este miércoles una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, su cónyuge Mariana Rodríguez Cantú y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. La querella acusa presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Acompañada en la sede federal de la Ciudad de México por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, la dirigenta morenista señaló al titular del Ejecutivo estatal por la presunta triangulación de recursos públicos que ascendería a 7 mil 200 millones de pesos canalizados hacia firmas y despachos jurídicos directamente vinculados a su entorno familiar.
«Se ha señalado una presunta red de empresas mediante la cual recursos públicos del gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su entorno familiar», afirmó Flores durante un encuentro con medios. La representante precisó que se ingresaron dos carpetas de denuncia penal para sancionar a quienes «utilizaron el poder público para beneficiar intereses particulares y comprometer el patrimonio de los nuevoleoneses».
Asimismo, la denuncia integró antecedentes sobre contratos estatales por 110 millones de pesos asignados a compañías sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debido a supuestos nexos con el crimen organizado.
Al respecto, la morenista instó a la FGR a indagar conflictos de interés, tráfico de influencias y esquemas de asignación directa irregular: «Es indispensable verificar quién autorizó los contratos, quién ordenó las transferencias, si los servicios se ejecutaron realmente y quién fundamentó los avances de obra reportados». Por último, Flores amplió sus señalamientos hacia el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acusando a ambos perfiles de emplear sus investiduras públicas para concretar negocios privados al amparo de la administración gubernamental.
