El Pleno de San Lázaro avaló en lo general y en lo particular las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el dictamen obtuvo 271 votos a favor por parte del bloque mayoritario y 92 en contra de la oposición.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un paquete de modificaciones estructurales al marco normativo que rige el sistema electoral mexicano, con el objetivo de establecer filtros de control ético y de elegibilidad jurídica para quienes aspiren a puestos de representación popular. En el marco del periodo de sesiones extraordinarias, el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura validó el dictamen que impone criterios rígidos de fiscalización del perfil de los contendientes, previo a los ejercicios democráticos venideros.
La votación en el Pleno y el consenso parlamentario De acuerdo con las bitácoras del tablero electrónico y las actas aprobadas por la Mesa Directiva de la Cámara Baja este jueves 28 de mayo del año 2026, la reforma que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue avalada en lo general y en lo particular por una mayoría calificada de los representantes populares presentes en el salón de sesiones.
La votación nominal arrojó un saldo definitivo de 271 sufragios a favor, promovidos de forma unánime por las bancadas del partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados de coalición. En contraste, las fuerzas de la oposición articularon un bloque de contención que sumó 92 votos en contra, mientras que la pizarra oficial registró cero abstenciones durante el pase de lista, ordenándose el envío inmediato del expediente al Senado de la República para sus correspondientes efectos constitucionales.
El contenido de la reforma y la integridad en candidaturas El eje medular del proyecto de decreto se concentra en institucionalizar el concepto de «integridad en candidaturas» dentro de las fases de registro de los partidos políticos. Las adiciones legales obligarán a los institutos políticos y a los aspirantes independientes a someterse a revisiones exhaustivas que certifiquen la ausencia de antecedentes vinculados a la violencia de género, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito o nexos con corporaciones fuera de la ley, operando como un candado para evitar la infiltración de perfiles de dudosa procedencia en las boletas.
La aprobación de esta minuta ocurre de manera simultánea a los ajustes de la agenda de la Junta de Coordinación Política, consolidando la estrategia de la coalición mayoritaria para reconfigurar las reglas del juego democrático nacional. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Puntos Constitucionales concluyeron manifestando que el nuevo ordenamiento aporta certeza e idoneidad al servicio civil de carrera política, instruyendo la publicación de los debates en la Gaceta Parlamentaria.
