Un brote de cyclospora detectado en territorio estadounidense y vinculado a lechuga contaminada ha puesto nuevamente bajo la lupa la seguridad de los alimentos importados. La crisis sanitaria expone una problemática estructural de largo plazo: la drástica reducción en las inspecciones internacionales que realiza la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para frenar la entrada de productos contaminados.
De acuerdo con registros de la propia agencia analizados por The Associated Press, las revisiones en instalaciones alimentarias extranjeras —incluida la granja mexicana señalada en el brote actual— han disminuido en casi un 35% en comparación con 2019, año previo a la crisis sanitaria por la covid-19. Aunque la pandemia aceleró el éxodo y la jubilación de inspectores, la FDA ya arrastraba un rezago crónico en el cumplimiento de las metas de supervisión internacional ordenadas por el Congreso. Exfuncionarios advierten que los recientes recortes presupuestales, reorganizaciones y turbulencias administrativas bajo la gestión del presidente Donald Trump auguran un panorama aún más limitado.
Ante este escenario, la administración actual ha impulsado estrategias alternativas, como un programa piloto de inspecciones exprés de una sola jornada. Sin embargo, especialistas como Michael Rogers, con una trayectoria de tres décadas en la dependencia, advierten que estas revisiones abreviadas no sustituyen a las auditorías tradicionales, las cuales suelen prolongarse por una semana o más para documentar deficiencias graves.
Por su parte, expertos como Susan Mayne, exdirectora de alimentos de la agencia y académica de la Universidad de Yale, subrayan que las inspecciones físicas no pueden constituir el único mecanismo de control debido al volumen masivo de mercancías que ingresa al país, por lo que se recurre a muestreos fronterizos y supervisiones a importadores. Pese a ello, el manejo del brote de lechuga ha evidenciado fallas operativas, como la reciente retractación de un resultado positivo erróneo en la frontera por parte de los reguladores, discrepancias con las autoridades sanitarias mexicanas que no han hallado anomalías en la granja señalada, y la continuidad de las pesquisas oficiales para definir los estándares de supervisión requeridos.
