Hay una imagen que resume lo que está ocurriendo esta semana en Bolivia: mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana marchando por el centro de La Paz con dinamita en mano, enfrentándose a la policía a pocos metros del Palacio de Gobierno. No es una metáfora. Es la fotografía literal de un país al límite, donde la capital lleva casi dos semanas prácticamente sitiada por bloqueos de campesinos, indígenas aymaras del movimiento Ponchos Rojos, maestros, mineros y trabajadores del transporte. Todos con un mensaje convergente, aunque hayan llegado por caminos distintos: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La crisis comenzó a principios de mayo. La Central Obrera Boliviana declaró un paro general indefinido el 1 de mayo, con demandas puntuales: aumento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720, una norma de reclasificación de tierras que las organizaciones campesinas e indígenas leyeron como el primer paso para desmantelar las conquistas históricas de la reforma agraria. El gobierno derogó la Ley 1720 el 13 de mayo bajo presión (reconocimiento tácito de que la medida era un error político de primer orden), pero la concesión llegó tarde y no apagó el fuego. Para ese momento, el conflicto ya había mutado: de lo económico a lo político, de las demandas sectoriales a la exigencia de que Paz abandone el cargo. Los analistas coinciden en el diagnóstico: cuando la protesta salta de lo concreto a lo existencial, se vuelve muy difícil de negociar. Con un puente aéreo que el Ejecutivo tuvo que activar para llevar carne y vegetales desde Santa Cruz hasta La Paz, el cuadro es severo.
Para entender por qué llegó a este punto hay que leer el plan económico que Paz implementó apenas tomó posesión. A dos semanas de asumir el cargo (con una economía que arrastraba una inflación del 20.4% en 2025 y un decrecimiento proyectado de hasta 3.3% para 2026, la peor contracción en cuatro décadas y una economía literalmente quebrada) el presidente anunció un ajuste de choque: recorte del 30% del gasto público federal, equivalente a cuatro puntos porcentuales del PIB, eliminación de cuatro impuestos incluyendo el que grava a las grandes fortunas, apertura al capital privado en hidrocarburos, minería, electricidad y lo que el gobierno llamó «economía verde». La hoja de ruta, presentada como un programa de estabilización, era en realidad un manual de desregulación: reducción del Estado, apertura al capital extranjero, retroceso en derechos laborales bajo la lógica de crear «un clima favorable para la inversión». Para quienes gobernaron Bolivia durante veinte años bajo el Movimiento Al Socialismo y para los sectores sociales que vivieron ese ciclo (con expansión de derechos, reducción de la pobreza y control estatal sobre los recursos naturales) el paquete de Paz sonó a restauración, no a reforma.
El gobierno de Estados Unidos no tardó en pronunciarse. El mensaje es inequívoco: Washington respalda al gobierno boliviano, lo que no es sorprendente dado que el plan económico de Paz está alineado con los intereses que Estados Unidos promueve en la región. Es verdad que Paz fue electo democráticamente. Pero también es verdad que los sectores que hoy bloquean las calles de La Paz son trabajadores, campesinos y pueblos indígenas que no están protestando por capricho ni porque Evo Morales (quien según el gobierno está detrás de los disturbios) lo ordene. Están protestando porque el ajuste les duele. Llamar automáticamente «golpe» a cualquier movilización popular que incomode a un gobierno es una simplificación que no ayuda a entender (ni a resolver) el conflicto.
Bolivia no es el primer caso. El libreto se repite en la región con variaciones locales pero con una estructura idéntica: un gobierno de derecha asume con mandato electoral, implementa un programa de ajuste acelerado bajo la lógica de terapia de choque macroeconómico (como el que vivimos en México en el 94, después del error de diciembre), y enfrenta el rechazo de los mismos sectores que (en condiciones de mayor estabilidad) podrían haber acompañado reformas graduales y negociadas. Ecuador lo vivió en 2025 con Daniel Noboa: la eliminación del subsidio al diésel por decreto ejecutivo el 12 de septiembre desató el tercer paro nacional en dos años, con tres muertos, 282 heridos y 172 detenidos. El gobierno declaró estado de emergencia, militarizó varias provincias y no logró revertir el deterioro de la situación. Chile lo está experimentando ahora mismo con José Antonio Kast: un recorte de 6 mil millones de dólares en 18 meses, con el Ministerio de Salud absorbiendo el mayor tijeretazo, los precios de la gasolina subiendo 30% y el diésel un 60% en un solo día, y la aprobación presidencial derrumbándose del casi 60% de los votos obtenidos a menos del 40% en apenas meses de gobierno.
El patrón tiene nombre. No se trata de que las reformas estructurales sean innecesarias (en muchos de estos países los desequilibrios fiscales son reales y urgentes). El problema es la velocidad, la secuencia y, sobre todo, la ausencia de amortiguadores sociales que protejan a los más vulnerables mientras los ajustes hacen efecto. Importar el manual Milei (cortar primero, negociar después o nunca) en economías con alta informalidad, historia reciente de movimientos sociales fuertes y tejidos institucionales frágiles, es una apuesta que hasta ahora ha generado más crisis que estabilidad.
Rodrigo Paz llegó al poder con una herencia económica genuinamente difícil. Eso es real. Pero gobernar no es solo tener razón técnica en el diagnóstico. Es también calibrar el ritmo al que una sociedad puede absorber el dolor de los cambios. Bolivia está mostrando, esta semana, que ese cálculo falló.
