Un juez de instrucción ordenó la retención del pasaporte de la primera dama y le impuso comparecencias quincenales ante el tribunal por presunto tráfico de influencias; la defensa niega los cargos y denuncia una campaña de desprestigio.
Madrid, España. Un juez de instrucción dictaminó de manera formal este sábado 20 de junio de 2026 que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, deberá someterse a juicio oral para responder por una serie de acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción pública y privada. Como parte del dictamen de ley, la autoridad judicial impuso restricciones severas a la movilidad internacional de la imputada.
Medidas cautelares y desglose de delitos imputados La resolución penal fue emitida por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Con el propósito de asegurar la permanencia de la procesada en territorio nacional durante el desahogo de las audiencias, el juez ordenó de forma aduanal la aplicación de las siguientes medidas de control de ley:
- Retención de Documentos: Begoña Gómez tiene la obligación de entregar su pasaporte de forma inmediata ante los secretarios del juzgado.
- Restricción de Movilidad: Se decretó la prohibición formal de abandonar el espacio territorial de España.
- Control Presencial: La investigada deberá comparecer y firmar ante el tribunal con una periodicidad de dos veces al mes hasta que concluya el proceso de fiscalización en su contra.
El juez Peinado determinó procesar a Gómez tras hallar elementos de presunción delictiva bajo las tipificaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La misma resolución y acusaciones técnicas alcanzaron a su asesora personal, Cristina Álvarez, quien será enjuiciada bajo el mismo pliego de cargos.
Origen de la causa penal y defensa institucional La indagatoria judicial en contra de la esposa del mandatario socialista se abrió originalmente en el mes de abril de 2024. Las primeras líneas de investigación se centraron en averiguar posibles anomalías, intrusismo y apropiación en el manejo de una cátedra universitaria que Gómez codirigía en la capital española. Las pesquisas se activaron luego de que el colectivo Manos Limpias formalizara una denuncia basada en reportes de la prensa local.
Begoña Gómez ha rechazado categóricamente la comisión de cualquier irregularidad jurídica o administrativa. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez respaldó la inocencia de su cónyuge y sostuvo de forma pública que el juicio forma parte de una estrategia orquestada por organizaciones de extrema derecha con la finalidad de forzar su destitución del cargo de ley.
Ola de investigaciones sacude al oficialismo español El procesamiento de Gómez se consolida en un contexto complejo para el Partido Socialista Obrero Español, una de las pocas administraciones de izquierda que retienen el mandato en el continente europeo. De forma paralela, diversos tribunales mantienen abiertas indagatorias contra aliados históricos del jefe del Ejecutivo, incluyendo a su exministro de Transportes y a quien fuera el número tres de la organización partidista, señalados por supuestas adjudicaciones ilegales en obras públicas, contratos de gas, petróleo y la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria, cargos que los implicados niegan.
Finalmente, las investigaciones por presuntas redes de presión económica alcanzaron a administraciones anteriores. La Audiencia Nacional española mantiene bajo escrutinio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por señalamientos de operar una supuesta red de lucro destinada a ejercer presiones sobre entes públicos en favor de terceras corporaciones, entre ellas la firma aérea Plus Ultra, acusaciones que el exmandatario ha desmentido en su totalidad.
