La presidenta nacional de Morena advirtió que no se tolerará la impunidad en las administraciones locales; demandó auditar a fondo los supuestos acuerdos económicos y políticos que involucran la gestión de Maru Campos.
La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, demandó la apertura de carpetas de investigación rigurosas para esclarecer el presunto entramado de desvío de recursos y conflictos de interés que vinculan de forma directa a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván, con redes empresariales del sector inmobiliario.
El llamado al veto de impunidad en los linderos estatales Durante una rueda de prensa, la dirigente nacional fijó la postura jurídica y ética de su movimiento respecto a los señalamientos de opacidad administrativa que pesan sobre el gobierno de coalición chihuahuense, sentenciando que ningún perfil de la administración pública puede situarse por encima de los filtros de control penal.
«No puede generarse una impunidad en el estado y se tiene que investigar permanentemente todo este entramado de negocios, de negocios familiares, de un poder político y económico que influye en el estado»
Puntualizó Montiel Reyes ante los medios de comunicación.
- El Vínculo Inmobiliario: Las bitácoras de queja civil acusan que desde la aduana ejecutiva estatal se habrían facilitado licitaciones dirigidas, permutas de suelo de alto valor y extensiones de permisos a firmas del sector de la construcción ligadas al entorno consanguíneo de la mandataria chihuahuense.
Financiamiento ilícito y componendas con el poder económico El núcleo central del posicionamiento de la líder morenista se orientó a ligar estas anomalías comerciales con los flujos de financiamiento aplicados en los pasados gobiernos. Montiel acusó que los consorcios bajo sospecha actuaron de forma sistemática como financiadores de campañas de orden delictivo, en un esquema que catalogó de «narcopresidente» para eras políticas precedentes.
La presidenta de Morena desglosó que el avance de la legalidad hídrica y territorial de los estados se ha visto fracturado históricamente por «estos acuerdos y componendas con el poder económico del estado». No obstante, matizó las bitácoras del sector privado al señalar que no la totalidad de las cámaras comerciales incurren en estas conductas de cohecho:
«No todos son malos, al contrario, hay muchos empresarios de carácter social; pero, claro, la corrupción se tiene que combatir».
