La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este viernes en lo particular el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, en el cual incorporó tres reservas para aplicar un nuevo recorte de mil millones de pesos a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), canalizando dichos fondos hacia la atención a la primera infancia, los derechos de las mujeres y la promoción turística.
Tras un debate de casi cuatro horas, el documento fue respaldado con 30 votos a favor por parte del bloque mayoritario y 13 en contra de los grupos de oposición, pasando a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno a partir del próximo lunes.
Las modificaciones al gasto electoral redistribuirán 618 millones 17 mil 896 pesos hacia el programa Expansión de la Educación Inicial, elevando su techo presupuestal a mil 484.5 millones de pesos para fortalecer el desarrollo de la niñez, asignación defendida por el legislador petista Jorge Armando Ortiz Rodríguez y la diputada Andrea Navarro frente a las críticas de la bancada panista por presunto beneficio a centros educativos ligados a partidos aliados.
De manera adicional, a propuesta de la diputada Merilyn Gómez Pozos, se avalaron reducciones por 361 millones 982 mil pesos destinados al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y 20 millones de pesos canalizados al fomento de destinos turísticos, fijando el monto final del organismo electoral en 36 mil 656 millones de pesos.
Asimismo, la comisión avaló una modificación estructural al gasto del Poder Judicial de la Federación para desagregar su bolsa total de 72 mil 264 millones de pesos entre sus organismos y evitar que sea concentrada por el Órgano de Administración Judicial.
De acuerdo con el coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila, el esquema etiquetará directamente 61 mil 636 millones de pesos al Órgano de Administración Judicial, 5 mil 628 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 mil 778 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mil 220 millones de pesos al Tribunal de Disciplina Judicial para salvaguardar la autonomía financiera de cada institución.
