El Gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de incurrir en actos de «piratería y pillaje» tras la confiscación de más de 600 mil galones (2.2 millones de litros) de biodiésel destinados a la isla, con un valor estimado en 2.8 millones de dólares.
El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, denunció que las autoridades estadounidenses utilizan intimidaciones y amenazas para asfixiar económicamente al país, calificando de «ilegal e inmoral» la interceptación de combustibles en aguas internacionales y el castigo colectivo hacia la población cubana.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) confirmó la incautación de 90 cargamentos del hidrocarburo en los puertos de Everglades (Florida) y Houston (Texas).
Según las autoridades estadounidenses, el recurso se dirigía a Enetec, una empresa estatal cubana sancionada por Washington, en lo que calificaron como un intento deliberado por evadir las restricciones comerciales.
El decomiso ocurre en medio de la severa crisis energética que enfrenta la isla desde 2024, caracterizada por apagones constantes y desabastecimiento de insumos básicos.
