Ante el arranque formal de la etapa de conciliación dentro del concurso mercantil de TV Azteca en México, los acreedores de la televisora en Estados Unidos solicitaron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York autorización para ampliar su demanda contra empresas de Grupo Salinas y agilizar el proceso legal.
Los bonistas manifestaron su preocupación de que, a pesar de que el proceso de concurso mercantil contempla un plazo inicial de 185 días prorrogable por dos periodos de 90 días, la mayoría de los acreedores acepte un plan de reestructuración que resulte en un «perjuicio irreparable» para los tenedores de la deuda de un financiamiento solicitado por la empresa en 2017 y posteriormente dejado de pagar.
El pasado 10 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el edicto que oficializa la etapa de conciliación del concurso mercantil, recurso solicitado por la televisora tras su incapacidad para cubrir sus compromisos financieros.
De acuerdo con la publicación en la gaceta oficial, el conciliador designado para el proceso es Sergio Francisco Hermida Guerrero, cuyas oficinas se ubican en Baja California 255, edificio B, piso 9, colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc (c.p. 06100) de la Ciudad de México, dirección donde se recibirán los escritos de los acreedores.
Bajo las reglas de esta fase, TV Azteca tiene la obligación de suspender el pago de sus deudas —con excepción de aquellos gastos indispensables para su operación ordinaria—, quedando paralizado también cualquier procedimiento de embargo sobre sus bienes.
Acusaciones de manipulación y creación de filiales. Hace dos meses, el grupo de bonistas encabezado por The Bank of New York Mellon Corporation solicitó al juez de la corte neoyorquina ampliar su demanda contra la compañía de medios. En el recurso legal, acusan a la televisora de manipular el proceso corporativo mediante la creación de una filial denominada TVA III, a la cual habrían transferido sus activos más valiosos, incluyendo la licencia de radiodifusión otorgada por el Estado mexicano, además de haber adquirido un crédito por 290 millones de dólares en AlterBank, una institución financiera de Santa Lucía, país insular del Caribe.
