El fallo emitido en los tribunales federales determina que el exmandatario de Quintana Roo abandonará en breve el Centro Federal de Rehabilitación Social; mantendrá vigente una medida cautelar residencial por un expediente de lavado de dinero.
El Poder Judicial de la Federación, a través de sus tribunales de control penal especializados, emitió una sentencia absolutoria que modifica sustancialmente el estatus de internamiento de uno de los exfuncionarios más visibles de la década pasada. Un juzgador de la federación determinó que los elementos de prueba y los testimonios recabados no resultaron jurídicamente idóneos para acreditar el cuerpo del delito de delincuencia organizada en contra del exmandatario estatal, ordenando el cese de la prisión preventiva oficiosa que lo mantenía confinado en un centro penitenciario de máxima seguridad.
El fallo definitivo y el abandono de la prisión federal De acuerdo con las constancias de notificación y las resoluciones de sala desahogadas este jueves 28 de mayo del año 2026, la defensa técnica de Roberto Borge Angulo (quien se desempeñó como gobernador constitucional del estado de Quintana Roo durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016) consiguió desvanecer las imputaciones formuladas por los ministerios públicos de la federación. La autoridad jurisdiccional resolvió que el expediente no aportó la certeza procesal requerida para sostener la existencia de una estructura criminal orientada de forma sistemática a la comisión de ilícitos bajo su mando.
Con la emisión de este dictamen aprobatorio, los órganos penitenciarios federales recibieron la instrucción de procesar la boleta de libertad correspondiente a este supuesto penal. La resolución implica que, en un lapso breve y perentorio, Borge Angulo abandonará el Centro Federal de Rehabilitación Social Número 16, complejo carcelario de la federación ubicado en el estado de Morelos donde ha permanecido bajo reclusión desde su extradición de la República de Panamá, acontecida a inicios del año 2018.
Sustitución de medidas cautelares y el proceso por lavado de dinero A pesar de la absolución decretada por concepto de delincuencia organizada, el exjefe del Ejecutivo estatal no obtendrá la libertad absoluta ni la exoneración plena de su historial procesal. El exfuncionario mantiene abierta una causa penal paralela instruida por la Fiscalía General de la República por su presunta autoría material en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente en la legislación mexicana como lavado de dinero, derivado del remate e irregularidades detectadas en la enajenación de predios de alta plusvalía turística pertenecientes al patrimonio territorial del estado caribeño.
Sin embargo, al quedar insubsistente el cargo de delincuencia organizada (el cual mandata constitucionalmente el confinamiento carcelario forzoso), la defensa técnica del imputado hizo valer un recurso constitucional de revisión para la modificación de las restricciones preventivas. El tribunal federal de la causa concedió la sustitución del internamiento por la medida de prisión domiciliaria condigna. Bajo este nuevo régimen jurídico, Roberto Borge Angulo será trasladado bajo estrictos dispositivos de custodia policial federal hacia una residencia particular fija, donde permanecerá confinado portando dispositivos de localización electrónica y sujeción perimetral mientras los juzgados desahogan las fases procesales definitivas del juicio.
