El exsecretario de Seguridad de Sinaloa compareció ante una jueza federal estadounidense acusado de conspiración para el narcotráfico y posesión de armamento de alto calibre; su defensa formalizó una declaración de no culpabilidad.
Nueva York, EE. UU. La Corte Federal de Distrito del Sur de Nueva York hizo pública la transcripción correspondiente a la primera audiencia judicial en territorio estadounidense de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. La comparecencia formal, efectuada el pasado 15 de mayo, detalla los cargos federales graves que pesan en su contra.
Detención y traslado al distrito penal: De acuerdo con las constancias de registro integradas en el documento judicial, la sesión estuvo presidida por la jueza federal Sarah Netburn. En el intercambio técnico participaron el fiscal federal David Robles, en representación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y la abogada Sarah Krissoff, a cargo del equipo de la defensa legal del militar mexicano.
Al inicio de la comparecencia, a pregunta expresa de la juzgadora, la representación del Ministerio Público estadounidense ratificó la bitácora de captura del imputado:
“El acusado fue arrestado el 11 de mayo aproximadamente a las 7:00 de la noche en el Distrito de Arizona y llegó a este distrito (en Nueva York) anoche”
Precisó el fiscal Robles durante la diligencia.
Cargos por narcotráfico y armamento pesado: Durante la lectura reglamentaria para salvaguardar sus derechos constitucionales, la jueza Netburn notificó formalmente a Mérida Sánchez que el Gran Jurado de los Estados Unidos le imputa múltiples violaciones al código penal federal, destacando los delitos corporativos de conspiración internacional para el tráfico de narcóticos, así como la posesión ilegal de ametralladoras y artefactos explosivos de uso exclusivo militar.
Tras consultar a la defensa si renunciaban a una lectura pública complementaria de la acusación, la abogada Sarah Krissoff asintió y formalizó una declaración provisional de no culpabilidad a nombre del general en retiro. En consecuencia, la Corte ordenó mantener al procesado bajo custodia federal preventiva sin derecho a fianza en un centro de reclusión de la demarcación, instruyendo a los fiscales a entregar de inmediato los paquetes de evidencia e información del caso a los defensores.
