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El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció una ronda de conversaciones con las principales fuerzas de oposición, encabezadas por el Partido Socialista y la formación Chega, para abordar la crisis habitacional en el país, en una medida que busca canalizar la presión social tras el regreso de los campamentos informales a las plazas centrales de Lisboa y Oporto. 

En un mensaje dirigido a la nación, el jefe del Ejecutivo defendió las acciones emprendidas por su administración, señalando que la problemática acumula más de una década de rezago y requiere tiempo para resolverse, al tiempo que rechazó la importación de esquemas de protesta violentos registrados en otras naciones europeas.

La permanencia de las tiendas de campaña generó una controversia judicial tras el fallo del Tribunal Administrativo de Lisboa, el cual determinó que la restricción horaria de 1974 que fija las 00:30 horas como límite para las manifestaciones no constituye una prohibición automática. La resolución autorizó a una activista a mantener su estancia en la plaza del Rossio hasta el 24 de noviembre, fecha clave para la votación de los presupuestos de 2027, aunque sujeta a compatibilizarse con el mercado navideño del recinto. 

Sin embargo, el Ministerio Público recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional solicitando efectos suspensivos, mientras que el Ministerio de Administración Interna aclaró que la medida se limita a un caso individual y no otorga un derecho general a acampar en el espacio público.

Las organizaciones civiles y los colectivos de manifestantes demandan frenar los desalojos sin alternativa habitacional, revertir las normativas recientes sobre arrendamiento, elevar la oferta de vivienda pública y fijar topes a los costos del alquiler. 

Las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno se extenderán a la totalidad de las representaciones parlamentarias con el objetivo de destrabar consensos legislativos, mientras el pronunciamiento definitivo de las instancias judiciales se mantiene pendiente en medio de la vigilancia policial en los puntos de concentración.