El Consejo de Estado de Colombia suspendió de manera provisional la entrada en vigor del decreto que reducía el salario de los congresistas, una de las medidas emblemáticas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que debía comenzar a aplicarse con la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio.
La decisión fue adoptada por el conjuez Héctor Santaella Quintero, quien concedió una medida cautelar mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto presidencial. El principal argumento es que la disminución de las remuneraciones de los legisladores tendría efectos sobre los ingresos de otros altos funcionarios del Estado cuyos salarios están vinculados por ley a los de senadores y representantes.
El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro en enero de este año, eliminaba la denominada prima especial de servicios, con lo que el ingreso mensual de los nuevos congresistas se reduciría de forma significativa a partir del inicio del periodo legislativo 2026-2030. La medida no afectaba a los actuales legisladores, sino únicamente a quienes asumirán funciones el próximo 20 de julio.
La suspensión representa un revés para una de las iniciativas de austeridad más visibles del actual gobierno, que había presentado la reducción de los salarios de los congresistas como una respuesta al descontento ciudadano frente a los elevados ingresos de la clase política y a la necesidad de racionalizar el gasto público. La norma también respondía a una demanda que durante años ha estado presente en el debate político colombiano y que incluso formó parte de la consulta anticorrupción de 2018.
La decisión adquiere especial relevancia por el momento político que vive Colombia. El próximo 20 de julio iniciarán funciones el nuevo Congreso y el gobierno entrante encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, por lo que la conformación de las nuevas mayorías legislativas y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso serán determinantes para la agenda política de los próximos años.
En ese contexto, la discusión sobre las remuneraciones de los legisladores vuelve a colocarse en el centro del debate público y podría convertirse en uno de los primeros temas de confrontación entre el nuevo gobierno y el Poder Judicial.
Por ahora, la medida cautelar únicamente suspende la aplicación del decreto y no constituye una resolución definitiva sobre su constitucionalidad o legalidad. El Consejo de Estado deberá resolver en los próximos meses las demandas presentadas contra la norma y definir si el recorte salarial puede entrar en vigor o queda definitivamente sin efectos.
