El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a integrantes de organizaciones que la administración del presidente Donald Trump identifica como grupos terroristas de extrema izquierda y a personas que colaboren con ellas.
En un comunicado oficial del Departamento de Estado, Rubio afirmó que la medida busca impedir el ingreso al país de individuos vinculados con organizaciones que, según Washington, participan en actos de violencia política, ataques contra infraestructura crítica y otras actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
El funcionario sostuvo que la violencia de la extrema izquierda representa un fenómeno transnacional que ha sido subestimado durante años y aseguró que Estados Unidos impulsará una estrategia internacional para enfrentar este tipo de organizaciones mediante herramientas diplomáticas, financieras y migratorias.
El anuncio se produjo durante una reunión internacional sobre terrorismo celebrada en Washington, en la que participaron representantes de más de 60 países. En ese encuentro, Rubio defendió un cambio en las prioridades de la política antiterrorista estadounidense al considerar que, tras la reducción de la amenaza del terrorismo islamista, la atención debe centrarse ahora en los grupos de extrema izquierda que, según afirmó, operan con apoyo internacional.
Aunque el Departamento de Estado no dio a conocer una lista de personas o agrupaciones que serán alcanzadas por las nuevas restricciones de visa, Rubio señaló que la política permitirá negar o revocar documentos migratorios a quienes apoyen o colaboren con organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense.
El endurecimiento de la política migratoria forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para ampliar el alcance de sus medidas de seguridad nacional. En los últimos meses, Washington también ha incrementado las designaciones de organizaciones extranjeras como grupos terroristas y ha reforzado los controles migratorios relacionados con amenazas a la seguridad.
La decisión ha generado críticas de legisladores demócratas y especialistas en seguridad, quienes advirtieron que el cambio podría politizar la estrategia antiterrorista de Estados Unidos y restar atención a otras formas de extremismo, incluida la violencia de grupos de ultraderecha.
