El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la detención de cinco migrantes en situación irregular con antecedentes por delitos graves, como agresiones sexuales contra menores, robo, perjurio y actividades relacionadas con el crimen organizado, en una nueva ofensiva que la administración del presidente Donald Trump presenta como parte de su estrategia para priorizar la deportación de personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre los detenidos se encuentran ciudadanos de México, El Salvador y Vietnam que habían sido condenados previamente por delitos como actos lascivos contra menores, agresión sexual, gran robo e incluso transporte interestatal para favorecer actividades de extorsión. La dependencia sostuvo que estos casos reflejan el enfoque de ICE en localizar y remover a extranjeros con historial delictivo.
La secretaria adjunta interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que «casi el 70% de los arrestos realizados por ICE corresponden a extranjeros acusados o condenados por algún delito en Estados Unidos», y defendió la política migratoria de la actual administración como una medida para reforzar la seguridad en las comunidades.
Los arrestos ocurren en un momento de fuerte escrutinio sobre las operaciones de ICE. En los últimos días, la agencia suspendió temporalmente la mayoría de sus inspecciones vehiculares tras la muerte de dos migrantes durante operativos en Texas y Maine. Sin embargo, el presidente Trump ordenó reanudar esa práctica al considerar que constituye una herramienta esencial para la aplicación de las leyes migratorias.
La administración también ha intensificado las campañas públicas para destacar detenciones de personas con antecedentes penales, una estrategia que busca respaldar su discurso de que las operaciones migratorias están dirigidas principalmente contra delincuentes reincidentes. No obstante, organizaciones defensoras de derechos civiles sostienen que una parte importante de los procedimientos de deportación continúa involucrando a personas sin condenas criminales, por lo que mantienen sus críticas al alcance de las políticas de control migratorio.
El caso vuelve a colocar a ICE en el centro del debate sobre el equilibrio entre seguridad pública, aplicación de la ley migratoria y respeto a los derechos humanos, una discusión que se ha intensificado conforme la administración Trump endurece sus medidas de control fronterizo y deportación.
