A días de que se dicte la sentencia definitiva contra el líder del cártel de Sinaloa, los abogados de las víctimas solicitaron formalmente al juez Brian Cogan preservar los activos financieros para cubrir las indemnizaciones.
Nueva York, EE. UU. En la víspera de que se determine la condena judicial penal en contra del capo Ismael “El Mayo” Zambada García en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, los representantes legales y familiares directos de las víctimas de la masacre de la comunidad LeBarón promovieron un recurso jurídico extraordinario ante la judicatura federal norteamericana. El objetivo es congelar y asegurar los bienes decomisados al líder histórico del cártel de Sinaloa para el pago de compensaciones civiles.
Petición directa al juez Brian Cogan: Mediante una moción formal dirigida al despacho del juez Brian Cogan (el mismo juzgador encargado de los juicios contra Joaquín «El Chapo» Guzmán y Genaro García Luna), los litigantes de la familia afectada solicitaron que las cuentas bancarias, bienes inmuebles y decomisos monetarios en poder de las agencias de seguridad estadounidenses no pasen de forma íntegra a las arcas del Tesoro de los Estados Unidos.
El bloque de demandantes civiles argumenta que su derecho internacional como víctimas directas del crimen organizado transnacional debe prevalecer sobre los decomisos ordinarios gubernamentales. La agresión armada, registrada en los límites de Sonora y Chihuahua en noviembre de 2019, cobró la vida de nueve integrantes de la familia de origen méxico-estadounidense, en un hecho atribuido a células delictivas ligadas a los brazos armados de los cárteles de la región.
Cuentas y activos bajo la lupa judicial
“Solicitaron que los activos de Zambada no queden exclusivamente en poder del gobierno de Estados Unidos y que puedan ser utilizados para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas”
Señala el expediente interpuesto ante el circuito del tribunal neoyorquino.
La estrategia jurídica de la defensa busca sentar un precedente para que las fortunas incautadas a los grandes capos de la droga sirvan como fondos de reparación integral del daño y asistencia humanitaria para las familias golpeadas por la violencia en México.
