El Congreso de la Ciudad de México comenzará el análisis de una iniciativa que busca endurecer de forma significativa las sanciones por maltrato y crueldad animal, además de incorporar por primera vez penas de prisión para quienes promuevan o hagan apología de este tipo de violencia.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, quien planteó una serie de reformas al Código Penal capitalino con el objetivo de fortalecer la protección de los animales considerados como seres sintientes y adecuar la legislación a nuevas manifestaciones de violencia.
Entre los cambios más relevantes destaca el incremento de las penas para quienes lesionen gravemente a un animal, que pasarían de uno a tres años de prisión a un rango de cuatro a ocho años. Asimismo, la sanción para quien prive de la vida a un ser sintiente aumentaría de dos a seis años hasta 10 a 15 años de cárcel, lo que convertiría este delito en uno de los más severamente castigados dentro de la legislación local.
La iniciativa también propone impedir que la edad, por sí sola, permita acceder a la prisión domiciliaria cuando existan antecedentes o conductas reiteradas de crueldad animal.
Uno de los aspectos novedosos del proyecto consiste en tipificar la apología de la crueldad animal, estableciendo penas de hasta cuatro años de prisión para quienes promuevan, glorifiquen o justifiquen públicamente este tipo de conductas.
«La crueldad animal no comienza con una agresión física; comienza cuando se deja de sentir empatía. Cuando alguien piensa que hacerle daño a un perro puede ser motivo de risa», afirmó la legisladora al presentar la iniciativa.
La propuesta surge en un contexto de creciente atención pública hacia los casos de maltrato animal y después de que, en los últimos años, la Ciudad de México fortaleciera el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes. Especialistas en bienestar animal han sostenido que endurecer las penas puede contribuir a la prevención, siempre que las sanciones se acompañen de una aplicación efectiva de la ley, campañas de educación y mecanismos oportunos de denuncia.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde será analizado antes de su eventual discusión y votación en el Pleno del Congreso capitalino.
