La presión judicial sobre el entorno del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sumó este martes un nuevo episodio. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por un delito de prevaricación administrativa, al considerar que su contratación en la Diputación de Badajoz fue diseñada para favorecerlo mediante un proceso irregular.
La resolución judicial concluye que la plaza que ocupó David Sánchez como responsable de actividades culturales fue creada «a la medida», sin responder a una necesidad real de la administración y vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al servicio público. El fallo también condena a otros diez implicados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien recibió una inhabilitación de 18 años por dos delitos de prevaricación.
No obstante, el tribunal descartó el delito de tráfico de influencias al determinar que, aunque existían indicios de un procedimiento orientado a beneficiar a David Sánchez, no se acreditó que hubiera ejercido presiones o utilizado su relación con el presidente del Gobierno para obtener el puesto. Esa conclusión evitó que enfrentara una posible condena de prisión.
El caso se remonta a la contratación de David Sánchez en 2017 por la Diputación de Badajoz, una investigación iniciada tras una denuncia del colectivo Manos Limpias. Durante el proceso, la Guardia Civil reunió documentación y comunicaciones internas que, a juicio del tribunal, evidenciaron que la creación del puesto respondió a un plan previamente diseñado para favorecer tanto al hermano del mandatario como a otro colaborador cercano.
Aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante instancias superiores, el fallo representa un nuevo desafío para el Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos meses ha enfrentado diversas investigaciones relacionadas con personas de su entorno político y familiar. Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se insistió en que el proceso responde a una persecución política y confirmó que los condenados impugnarán la resolución.
Más allá de las consecuencias legales para David Sánchez, el caso vuelve a colocar en el centro del debate la transparencia en la contratación pública y el impacto político que generan las investigaciones por presunto nepotismo en una administración que enfrenta una creciente presión de la oposición y un escrutinio constante sobre la gestión de sus altos funcionarios.
