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A propuesta de la presidencia del máximo tribunal, los ministros atrajeron un amparo de comunidades mayas de Campeche para blindar legalmente a la abeja melipona; también revisarán la protección de los cenotes de Yucatán frente a megagranjas porcícolas.

Defensa de la abeja melipona en Campeche: La atracción del expediente, registrado bajo el amparo en revisión 790/2025, fue aprobada por el Pleno de la SCJN con una contundente mayoría de ocho votos a favor y el único voto en contra de la ministra María Estela Ríos González. La propuesta fue impulsada de manera conjunta por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Irving Espinosa Betanzo.

El proyecto de análisis se originó a raíz de un litigio constitucional interpuesto por comunidades originarias de la etnia maya asentadas en el municipio de Hopelchén, Campeche. Los ministros ponentes puntualizaron los alcances que tendrá esta resolución para la justicia constitucional de México:

Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García remarcó que la intervención de la SCJN sentará un criterio fundamental para salvaguardar de manera integral a la abeja melipona, especie nativa sin aguijón que se encuentra estrechamente vinculada a la supervivencia económica, la medicina tradicional y la identidad biocultural del pueblo maya en la península.

Blindaje a la Reserva del Anillo de los Cenotes: Aprovechando la misma sesión de debate de control constitucional, el Pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción sobre otros dos recursos de alta relevancia promovidos por el pueblo maya de Homún, Yucatán, enfocados en contener el impacto ecológico de la industria cárnica:

  • Amparo en revisión 138/2025: Evaluará la solicitud de la organización «Guardianes de los Cenotes» para otorgar personalidad jurídica propia a la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, reconociendo la custodia indígena como un mecanismo válido de defensa del acuífero frente al avance industrial.
  • Amparo en revisión 195/2025: Revisará a fondo el histórico litigio iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes de Homún, quienes lograron paralizar la operación de la megagranja porcícola de la empresa PAPO (Producción Alimentaria Porcícola). La Corte determinará de manera definitiva si el funcionamiento de este complejo agroindustrial dentro de un Área Natural Protegida cobijada por la Convención Internacional Ramsar vulnera el derecho humano al agua, la salud de las infancias y el equilibrio de los recursos hídricos.