A través de diversos informes y comunicaciones oficiales, la Cancillería mexicana detalló los cargos del Distrito Sur de Nueva York contra 10 servidores y exservidores públicos presuntamente vinculados a «Los Chapitos», al tiempo que reclamó a Washington la filtración de datos sensibles que vulneran el debido proceso.
Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos los documentos y las líneas de comunicación binacionales referentes a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición internacional formuladas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. El reclamo se centra en una acusación formal radicada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa.
Los cargos y los señalados por la DEA
De acuerdo con los expedientes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), los servidores públicos sinaloenses presuntamente colaboraron durante años con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. A cambio de apoyo político, protección institucional y sobornos, los imputados habrían facilitado el tráfico ilícito de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de usar sus cargos para filtrar datos de operativos policiales y militares.
Entre los nombres enumerados en las órdenes internacionales se encuentran:
- Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa), acusado de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y delitos con armas.
- Enrique Inzunza Cázarez (Senador y exsecretario general de Gobierno).
- Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas).
- Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa).
- Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa).
- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán).
- Mandos policiales de investigación y seguridad del estado como Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras («Cholo»), José Antonio Dionisio («Tornado») y Juan Valenzuela Millán («Juanito»), este último con cargos de secuestro con resultado de muerte.
Reclamo diplomático por violación de confidencialidad
A través del oficio No. ASJ-22632, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, México envió una enérgica nota de preocupación a la Embajada de los Estados Unidos. La Cancillería reclamó que la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York divulgó de manera pública y mediante comunicados de prensa los nombres y cargos de las personas requeridas antes de ser capturadas.
La SRE advirtió que esta acción vulnera gravemente los derechos al debido proceso consagrados en el marco jurídico adversarial de México, ya que la información de una extradición no debe ser de dominio público hasta que la persona sea resguardada en el Estado requerido. Además, acusó que la propia fiscalía estadounidense solicitó de manera contradictoria a México guardar el anonimato de los datos, un lineamiento que Washington incumplió primero, impidiendo las actuaciones necesarias de confidencialidad.
