Tras un litigio de cuatro años y el fallo a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la procuraduría ambiental selló el vertedero por graves violaciones normativas e infiltración de lixiviados en mantos acuíferos.
Mazatlán, Sin. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura total y definitiva del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio de Mazatlán, conocido popularmente como el «basurón de Urías». La medida culmina un proceso sancionatorio e incluye una penalización económica millonaria contra el Ayuntamiento local por desacato y daño ambiental.
Historial de omisiones e infiltración de lixiviados El expediente administrativo se remonta a una inspección inicial realizada en junio de 2022. Aunque el municipio se había comprometido a un cierre calendarizado entre 2023 y 2024, verificaciones de la Profepa en agosto de 2025 constataron que la denominada «Celda D» continuaba operando de manera ilegal y fuera de toda norma.
Los inspectores federales detectaron violaciones flagrantes a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, destacando las siguientes deficiencias técnicas:
- Falta de impermeabilización: La celda activa operaba sin geomembranas de protección, lo que provocaba la infiltración directa de lixiviados (líquidos altamente contaminantes derivados de la basura) hacia el suelo y los mantos freáticos de la región.
- Ausencia de estudios químicos: El Ayuntamiento omitió presentar los análisis de laboratorio de los últimos cinco años que acreditaran el nivel de peligrosidad y toxicidad de los fluidos generados en el predio.
Multa ratificada en tribunales A raíz de estas irregularidades, la Profepa emitió una resolución que impuso al municipio una multa por 10 millones 444 mil 60 pesos. El gobierno de Mazatlán intentó frenar la sanción mediante un juicio de nulidad interpuesto en enero de 2026; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó por completo la legalidad de la procuraduría ambiental.
Con el fallo judicial firme notificado el pasado 2 de junio, el personal federal procedió a la colocación física de los sellos de clausura. Adicionalmente, el municipio estará obligado a realizar monitoreos trimestrales de agua subterránea durante los próximos tres años para evaluar y resarcir el impacto ecológico provocado a las comunidades aledañas.
