Las representaciones partidistas presentaron quejas formales ante el Instituto Electoral local y exigieron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera; señalan al secretario de Seguridad Pública del estado por el uso de la fuerza policial.
Saltillo, Coahuila. Las comisiones de vigilancia de los partidos políticos y los equipos jurídicos desplegados en los distritos de votación formalizaron una serie de recursos legales orientados a combatir la presunta manipulación del sufragio y la intromisión de agentes de las fuerzas estatales en las casillas. El inicio de los procedimientos sancionadores busca que los tribunales revisen la legalidad de los sistemas tecnológicos de verificación del voto y determinen la responsabilidad penal de los mandos policiales involucrados en alteras al orden civil en las cabeceras municipales de la entidad.
Mecanismo digital de coacción mediante plataformas y ligas web Se documentó una operación sistemática de compra y coacción del voto en diferentes regiones del estado, la cual atribuyen de forma directa a operadores vinculados al Partido Revolucionario Institucional. Las denuncias ciudadanas captadas por las brigadas de izquierda señalan la entrega y distribución de códigos QR impresos a los ciudadanos en las inmediaciones de los centros de votación.
Las dirigencias de Morena y del Partido del Trabajo fijaron una postura de confrontación ante las irregularidades detectadas durante la jornada de votación para la renovación del Congreso de Coahuila. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una rueda de prensa en la que denunció la existencia de una estrategia coordinada para distorsionar la voluntad ciudadana.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, la líder partidista acusó de forma directa a la estructura del Partido Revolucionario Institucional de incurrir en prácticas históricas de movilización ilegal, señalando:
“Hemos puesto una denuncia ante el Instituto Electoral, diversas denuncias, pero especialmente una que tiene que ver con la compra y la coacción del voto a favor del PRI. Y vamos en esta conferencia de prensa a presentar las pruebas de lo que aquí decimos. Sabemos que el PRI se maneja con estas prácticas históricamente, que no sabe hacer las cosas de otra manera, pero ahora han establecido un operativo en donde tomaron la decisión política de que ningún voto para el PRI fuera gratis. Todos los votos fueron pagados y lo vamos a demostrar en esta conferencia de prensa, pero también en las instancias electorales”.
La relatoría técnica contenida en la queja penal detalla que las personas eran presionadas para tomar fotografías de las boletas electorales cruzadas junto con el respectivo código, sirviendo este método como un sistema de comprobación del sufragio. Las investigaciones arrojaron que el escaneo de estas claves redirigía a las y los usuarios a portales de internet diseñados para almacenar las imágenes de las boletas previas a la entrega de recursos monetarios. Los equipos informáticos lograron identificar tres dominios activos: torreon2026.mx, rcs26.net y una plataforma de acceso restringido, cuyo registro de compra de dominio se localizó en un inmueble de la calle General Mariano Abasolo Norte, en el municipio de Saltillo.
Detenciones de legisladores federales y denuncias financieras Además de las irregularidades detectadas en el manejo de las plataformas digitales, las representaciones del movimiento denunciaron la comisión de abusos de autoridad y violencia institucional perpetrados presuntamente por elementos de la Policía Estatal de Coahuila. Las coordinaciones partidistas acusaron el desarrollo de detenciones arbitrarias ejecutadas en contra de militantes de la coalición, afectando de manera directa el libre tránsito de diputadas y diputados federales que realizaban tareas de observación electoral. Las dirigencias hicieron responsable directo de estas detenciones al secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.
Ante la gravedad de los incidentes reportados a lo largo de la jornada de votación, los apoderados legales de Morena presentaron las denuncias correspondientes ante el pleno del Instituto Electoral de Coahuila para demandar el inicio de investigaciones urgentes. De igual forma, las representaciones confirmaron que las solicitudes de revisión se ampliarán de manera formal ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México con la finalidad de rastrear el origen físico y el flujo bancario de los recursos económicos utilizados para financiar estas operaciones de movilización irregular.
