Las salidas de Beatriz García y Marcelo Salinas ocurren en medio de bloqueos en ocho de las nueve regiones del país; estiman pérdidas empresariales por mil 900 millones de dólares y un saldo de nueve fallecidos.
La Paz, Bolivia. El Poder Ejecutivo de la República de Bolivia registró modificaciones de emergencia en su estructura de gabinete tras la salida consecutiva de dos de sus principales operadores políticos y de seguridad. Las dimisiones institucionales debilitan el margen de maniobra de la administración central frente a un paro nacional que se ha extendido por más de un mes, el cual mantiene paralizados los principales ejes logísticos y comerciales del país sudamericano.
Dimisiones simultáneas en el gabinete de Rodrigo Paz De acuerdo con los partes de prensa de las carteras federales y los despachos oficiales validados este martes 2 de junio del año 2026, la ministra de Educación, Beatriz García, y el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, formalizaron la entrega de sus respectivas cartas de renuncia. La oficina de comunicación de Educación confirmó el cese de funciones de García, quien previamente había encabezado los intentos fallidos de interlocución junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en mesas de mediación convocadas por el Legislativo y la Iglesia católica a las que no asistieron los líderes de las movilizaciones.
Por su parte, fuentes de la cartera de Defensa ratificaron la salida del ministro Salinas. Medios locales informaron que la jefatura del sector militar podría ser asumida de forma interina por el actual zar antidrogas boliviano, Ernesto Justiniano, una designación que permanece sujeta a los decretos oficiales que emita el presidente de la nación, Rodrigo Paz.
Impacto de los bloqueos y saldo de daños humanos Las movilizaciones y cortes de ruta son impulsados por organizaciones campesinas del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y células de seguidores del exmandatario Evo Morales, quienes mantienen como condición única para desactivar las protestas la dimisión inmediata del presidente Paz. Las afectaciones se concentran de la siguiente manera:
- Cobertura Territorial: Los bloqueos carreteros se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, dejando aisladas a los centros urbanos de La Paz, El Alto y Oruro.
- Desabastecimiento: El cerco logístico provocó escasez severa de combustibles, alimentos de la canasta básica, medicamentos y oxígeno medicinal.
- Bajas Civiles: Las hostilidades registran un saldo de nueve personas fallecidas, incluyendo a seis ciudadanos que no lograron ser trasladados a centros clínicos debido a los cortes en las vías de tránsito.
Los intentos de la policía y las fuerzas armadas para habilitar «corredores humanitarios» derivaron en enfrentamientos físicos con los manifestantes, por lo que las operaciones de desbloqueo fueron suspendidas. Las cámaras empresariales del país tasaron los perjuicios macroeconómicos en 1,900 millones de dólares, lo que profundiza la recesión financiera que arrastra la región desde 2023, mientras el vicepresidente Edmand Lara calificó de «anticonstitucional» la propuesta opositora de adelantar un referéndum revocatorio general.
