Hay documentos oficiales que se publican sin aspavientos y que, sin embargo, contienen algunas de las advertencias más serias que un país puede hacerse a sí mismo. El Programa Nacional de Población 2026-2030 (PNP), que el Consejo Nacional de Población publicó esta semana en el Diario Oficial de la Federación, es uno de ellos. Su diagnóstico de arranque no tiene ambigüedades: México ya no es el país joven que fue durante la mayor parte del siglo XX, y la velocidad a la que está envejeciendo no tiene precedente en su historia demográfica.
Los números del CONAPO merecen leerse con atención porque no son abstracciones. En los años setenta, la población mexicana crecía a un ritmo anual del 3.2%. Hoy ese ritmo es inferior al 1%, y seguirá cayendo. La tasa global de fecundidad llegó a 1.6 hijos por mujer en 2023 (por debajo del nivel de reemplazo de 2.1, que es el mínimo para que una población se mantenga estable), y la esperanza de vida alcanza ya los 75.8 años, casi 15 más que en 1970. El resultado es una pirámide poblacional que se estrecha aceleradamente por la base y se ensancha en la cima: en 2026 los adultos de 60 años o más ya representan el 13.3% de la población, frente al 11.2% que eran apenas en 2020. Y el punto de quiebre histórico está a la vuelta de la esquina: el PNP proyecta que para 2034 habrá más personas mayores de 60 años que niños menores de 12. Un cruce que en la Ciudad de México ya ocurrió desde 2019, y que en estados como Chiapas (el más joven del país) no llegará sino hasta 2055. La transición no es uniforme, pero es imparable. Para 2070, el 34.2% de la población mexicana tendrá 60 años o más.
Lo que hace al caso mexicano particularmente delicado no es el envejecimiento en sí (Europa, Japón y Corea del Sur lo experimentan también) sino la velocidad a la que ocurre y el contexto económico en el que sucede. Ahí está la diferencia que lo cambia todo. Los países que envejecieron primero lo hicieron después de haber acumulado décadas de crecimiento sostenido, alta productividad, cobertura social universal y sistemas de ahorro consolidados. México está recorriendo ese mismo camino demográfico, pero sin haber completado el recorrido económico. El Banco Mundial lo resume con una frase que debería estar pegada en el escritorio de cualquier tomador de decisiones en este país: los países necesitan enriquecerse antes de volverse viejos. México, en cambio, está en riesgo de volverse viejo antes de enriquecerse.
El concepto clave aquí es el bono demográfico: ese período (que ya está cerrándose para México) en el que la proporción de personas en edad productiva alcanza su nivel más alto respecto a los dependientes, tanto niños como adultos mayores. Es, en términos económicos, la ventana de oportunidad más grande que tiene una sociedad: más trabajadores, menos dependientes, mayor capacidad de ahorro e inversión, más espacio para crecer. El problema es que México no la aprovechó plenamente. La CEPAL ha documentado que para el período 2020-2025 la población dependiente en la región ya creció más que la población en edad de trabajar, lo que marca el fin efectivo del bono demográfico regional. México entra en esa dinámica en condiciones de productividad baja: la tasa de ahorro doméstica ronda el 15% del PIB, muy lejos de los estándares de las economías que sí capitalizaron su bono. Más de la mitad de la fuerza laboral (el 54.8% según datos del INEGI) opera en la informalidad, lo que equivale a más de 30 millones de personas que producen en promedio la mitad que un trabajador formal, sin cotizar, sin acumular capital para el retiro y sin aportar a la base fiscal que financiará los servicios que ellos mismos necesitarán en la vejez.
El problema de pensiones que se avecina es, en ese contexto, uno de los más serios que tendrá que gestionar cualquier gobierno mexicano en las próximas dos décadas. Los datos son elocuentes: solo el 29% de la población de 65 años o más cuenta hoy con una pensión contributiva, según datos de la UNAM publicados el año pasado. Ocho de cada diez personas en edad de retiro siguen trabajando, no porque quieran, sino porque no tienen de otra. Más de 3 millones de adultos mayores permanecen activos en el mercado laboral por necesidad económica. Y el 36.6% de la población economicamente activa ahorra bajo esquemas informales o directamente bajo el colchón.
Ante esa realidad, la Pensión del Bienestar (que hoy paga 6,400 pesos bimestrales a más de 14 millones de personas mayores de 65 años) es una respuesta de justicia social urgente e innegable. Ha reducido la pobreza extrema en adultos mayores de 8.8% en 2018 a 3.8% en 2024, un logro real. Pero también es, como lo advierte el reporte Economic Surveys: Mexico 2026 de la OCDE, publicado este año, un mecanismo cuya sostenibilidad fiscal a largo plazo genera inquietudes serias. El gasto público total en pensiones (contributivas y no contributivas) ya representa el 6% del PIB en 2026, lo que equivale a 2.32 billones de pesos. Solo las pensiones contributivas absorben ya 22 de cada 100 pesos del presupuesto federal. Y la Pensión Mujeres Bienestar, introducida en 2025 para mayores de 60 años, multiplicó cuatro veces su presupuesto en un solo ejercicio fiscal. La OCDE lo señala con cuidado pero con claridad: estas pensiones universales «suscitan inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la equidad intergeneracional en un contexto de espacio fiscal limitado e ingresos bajos». Lo que en lenguaje llano significa: si la población de adultos mayores se duplica en las próximas décadas como proyecta el CONAPO, y el gasto en pensiones ya representa el 6% del PIB sin que esa población haya alcanzado su pico, el modelo necesita ajustarse antes de que el tiempo lo ajuste por las malas.
¿Qué debería hacer el gobierno? La respuesta no está en eliminar las pensiones universales sino en construir, en paralelo, las condiciones para que el problema no se haga insostenible. El Banco Mundial ha identificado con claridad las palancas disponibles: extender la participación laboral femenina, que en México sigue siendo de las más bajas de América Latina y es una reserva de fuerza de trabajo sin explotar; generar incentivos reales para que más trabajadores migren a la formalidad, lo que ampliaría la base contributiva del sistema sin necesidad de subir impuestos; invertir en productividad (educación, capacitación, infraestructura digital) para que los trabajadores que queden, que serán menos, produzcan más; y diseñar una política de cuidados que reconozca el trabajo no remunerado de las mujeres, que hoy sostienen a los adultos mayores dependientes sin ninguna protección formal propia. A todo ello, agregaría una urgente reforma fiscal y de pensiones que ya son impostergables.
El PNP 2026-2030 reconoce todos estos desafíos, y es mérito del gobierno haberlos documentado con rigor en un documento de política pública formal. Pero reconocer el problema no es lo mismo que tener un plan de acción con plazos, metas y financiamiento. México tiene aproximadamente una década (quizás menos) para construir las bases de una economía que pueda absorber el peso de una sociedad envejecida sin colapsar sus finanzas públicas ni abandonar a los más vulnerables. Un crecimiento económico nulo del país mete más presión a actuar con urgencia.
El reloj demográfico no espera calendarios electorales ni ideologías políticas.
