El Poder Judicial requirió la comparecencia de la mandataria de Chihuahua por acusaciones de presunto secuestro; la jefa del Ejecutivo estatal acusó el uso sistemático del aparato del Estado en su contra.
Chihuahua, Chihuahua. Un juez de distrito en materia penal formalizó la emisión de un citatorio formal dirigido a la gobernadora constitucional de la entidad, María Eugenia Campos Galván, con la finalidad de desahogar una audiencia inicial de formulación de imputación, derivado de una querella interpuesta en su contra por parte de su predecesor en el cargo.
El origen de la querella por presunto secuestro De acuerdo con las constancias de notificación integradas por los órganos jurisdiccionales del fuero común este martes 26 de mayo del año 2026, el requerimiento legal es consecuencia directa de la denuncia penal promovida por el legislador del Congreso de la Unión, Javier Corral Jurado, quien actualmente se desempeña como senador de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. El expediente judicial imputa a la mandataria estatal la presunta comisión del delito de secuestro, conducta tipificada y sancionada con severidad por las leyes generales en materia de privación ilegal de la libertad.
Las líneas de investigación que sustentan el caso se vinculan de manera retrospectiva a los operativos e intentos de captura ejecutados por agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en meses pasados. La defensa jurídica del senador Corral Jurado argumentó ante los ministerios públicos que dichas maniobras operativas carecieron de las debidas colaboraciones ministeriales y órdenes de aprehensión vigentes, configurando de forma presunta una privación ilegal de la libertad en grado de tentativa con agravantes institucionales.
Respuesta de la gobernadora y uso del aparato de poder Al ser cuestionada por los medios de comunicación locales respecto al estatus de la notificación judicial, la gobernadora María Eugenia Campos Galván fijó una postura de rechazo absoluto hacia los señalamientos, descalificando la validez técnica de la carpeta de investigación. La jefa del Ejecutivo chihuahuense aseguró de forma tajante que la reactivación del citatorio y su encauzamiento en calidad de imputada obedece a una estrategia de persecución de carácter político orquestada desde los liderazgos oficialistas en la capital del país.
Campos Galván denunció públicamente que las estructuras de procuración de justicia y todo el aparato del poder del Estado de derecho están siendo instrumentalizados de forma facciosa en su contra con el objetivo de demeritar su gestión al frente de la entidad fronteriza. Los asesores jurídicos de la gobernadora confirmaron que se analizan las vías constitucionales para comparecer ante el juez de control, evaluando el uso del juicio de amparo para salvaguardar sus derechos procesales y la inmunidad procesal correspondiente a su encargo público durante las semanas restantes de este mes de mayo de 2026.
