La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó que la sanción contra la asistente administrativa deriva de la emisión ilegal de un cheque por más de 913 mil pesos a un tercero ajeno a la institución.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó una resolución sancionatoria en materia de responsabilidades de los servidores públicos, imponiendo la pena máxima de inhabilitación temporal en contra de una empleada operativa adscrita al sector salud federal. La determinación jurídica derivó de un expediente de investigación integrado por las instancias de fiscalización interna, las cuales acreditaron la comisión de faltas administrativas graves y la distracción de fondos presupuestales institucionales.
Mecanismo del desvío y cuantía del daño patrimonial A través del Comunicado número 055 emitido de forma conjunta este domingo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que el procedimiento administrativo sancionador civil fue dirigido en contra de Ruth «L», quien ejercía funciones en calidad de asistente administrativa dentro de la Representación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Las auditorías y diligencias de corte pericial desahogadas por el Órgano Interno de Control de la mencionada institución de salud lograron recabar y presentar los elementos de prueba indispensables para demostrar de forma plena que la exfuncionaria asignó recursos públicos federales a un tercero totalmente ajeno al padrón de proveedores o derechohabientes del organismo. La conducta infractora se consumó mediante la expedición indebida de un cheque bancario por la cantidad exacta de 913 mil 952 pesos con 32 centavos, movimiento financiero que carecía por completo de justificación contable, contratos de respaldo o fundamento jurídico aplicable.
Garantías procesales y metas del Plan Nacional de Desarrollo La dependencia del Gobierno de la República precisó que, conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persona sancionada mantiene a salvo su derecho constitucional para interponer los recursos de impugnación y juicios de nulidad que estime pertinentes ante los tribunales correspondientes. No obstante, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó que, en caso de presentarse dichos medios de defensa, el área jurídica de la federación sostendrá y defenderá la validez de la inhabilitación por diez años con rigor técnico, fundamentación en las evidencias físicas recolectadas y salvaguardando en todo momento el patrimonio público y los derechos de las personas afectadas.
La instancia federal de fiscalización aprovechó el pronunciamiento para instar a la ciudadanía y al personal de las diversas dependencias a denunciar cualquier acto de opacidad, cohecho o violación a los principios de integridad pública mediante el uso de la plataforma digital del Sistema de Denuncia Ciudadana de la Contraloría. Asimismo, el ministerio remarcó que estas acciones punitivas reafirman la directriz del Poder Ejecutivo para erradicar las redes de corrupción y consolidar la honestidad administrativa, en estricto cumplimiento con las metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo establecido para el sexenio del periodo 2025-2030.
