La mandataria estatal fue notificada formalmente en Palacio de Gobierno para comparecer el próximo miércoles 27 de mayo ante las indagatorias de un laboratorio ilícito; acusó el uso político de la institución y asimetría en el trato ministerial.
Chihuahua, Chihuahua. El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República, formalizó la entrega de un citatorio de carácter legal a la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. El requerimiento ministerial mandata la comparecencia obligatoria de la jefa del Ejecutivo chihuahuense ante los agentes de investigación para desahogar las diligencias penales abiertas en torno al hallazgo de un laboratorio de manufactura de narcóticos a gran escala y la presunta incursión irregular de personal de agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos de América.
Suscripción del citatorio y declaraciones de la mandataria El acto de notificación procesal fue captado y documentado en video por diversos corresponsales de prensa durante el desahogo de un evento público de la gobernadora. Elementos en activo de la Fiscalía General de la República abordaron a la mandataria en los pasillos de la sede del Poder Ejecutivo local para hacer entrega física del expediente y recabar la firma de acuse de recibo y el sellado oficial del documento. Campos Galván recibió el pliego con un semblante de contrariedad, pero confirmó que acudirá ante la representación social, señalando textualmente: «Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara, por supuesto».
Términos de la comparecencia y fuero constitucional De acuerdo con las cláusulas técnicas especificadas en la orden de presentación suscrita por los notificadores de la federación, la gobernadora de Chihuahua deberá comparecer en las oficinas centrales del Ministerio Público de la Federación el próximo miércoles 27 de mayo del año 2026 en punto de las 10:00 horas. El equipo legal de la mandataria precisó que, a pesar de que la ciudadana cuenta con la protección jurídica del fuero constitucional que le dota su cargo, la legislación nacional obliga a los servidores públicos a rendir sus testimonios informativos cuando se investiguen delitos de competencia federal que involucren la seguridad nacional.
El caso, derivado del desmantelamiento de un centro clandestino de procesamiento químico en la zona fronteriza, mantiene bajo análisis los protocolos de soberanía territorial debido a la presencia acreditada de fuerzas especiales de Washington, configurando un expediente de alta tensión diplomática en este periodo de hostilidades de mayo de 2026.
