En un fallo de trascendencia nacional, la jueza magistrada Shannon Elkins, en Minneapolis, dictaminó que el uso de abogados militares para asistir al Departamento de Justicia (DOJ) en el procesamiento de civiles no viola la ley federal, incluso en delitos sin nexo militar.
El caso surgió tras la detención de Paul Johnson, un residente de Minnesota acusado de agredir a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante un operativo migratorio de la administración Trump en enero de 2026. Ante la falta de fiscales civiles por renuncias masivas, el Pentágono asignó abogados del Cuerpo de Abogados Militares (JAG) como fiscales especiales.
El debate legal: Ley Posse Comitatus
La defensa de Johnson y un grupo de 11 exabogados del JAG argumentaron que esta práctica violaba la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a los militares participar en la aplicación de la ley civil. Sin embargo, la jueza Elkins determinó que existen excepciones legales que otorgan al Fiscal General la autoridad para realizar estos nombramientos.
«Si el Congreso aprueba leyes que otorguen al DOJ la autoridad para nombrar personal militar en servicio activo como fiscales federales, esa será la ley», concluyó la jueza, desestimando el intento de apartar al abogado militar del proceso.
