La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó de manera definitiva el decreto que declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida (ANP). Con esta resolución, el Pleno confirma que la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas son causas de interés público que justifican la limitación de ciertas actividades productivas y el uso de la propiedad privada.
Sin embargo, el fallo no ignora el impacto social. La Corte ordenó a las autoridades pronunciarse sobre la entrega de estímulos fiscales y retribuciones económicas a las personas afectadas por las restricciones de uso de suelo. Esta compensación está fundamentada en el artículo 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta decisión establece un precedente jurídico al equilibrar el derecho a un medio ambiente sano con las garantías de propiedad, exigiendo que la conservación ambiental vaya de la mano con mecanismos de apoyo económico previstos en la ley.
